Fuente: http://www.bbc.com/
El consejo corre de voz en voz entre las migrantes centroamericanas que quieren viajar a Estados Unidos: antes de entrar a México es recomendable tomar un anticonceptivo de largo efecto.
Es un desesperado intento para prevenir embarazos ante las agresiones sexuales que muchas de ellas sufrirán en el camino.
Cada año entran a México unas 45.000 mujeres centroamericanas sin documentos migratorios.
De ellas, el 70% sufre algún tipo de abuso sexual, según denuncian organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI).
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El dato contrasta con las cifras del gobierno mexicano. Según el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en 2015 el número de agresiones a migrantes se redujo «significativamente».
Algo que no comparten entidades como el Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras.
«La violencia no se ha detenido; aumentaron las agresiones a las mujeres», le dice a BBC Mundo Valdette Willemann, responsable de la organización.
Por eso -afirman- circula aquel consejo entre las mujeres migrantes. El método más usado es la aplicación de Depo-Provera, un producto que las protege durante 3 meses.
En Centroamérica la conocen como «Inyección anti-México».
Cuotas
El uso de anticonceptivos entre las migrantes para mitigar en algo la violencia sexual es una práctica extendida no sólo entre mujeres adultas, sino también entre adolescentes.
A veces son los mismos traficantes de personas, conocidos como «coyotes», quienes aconsejan tomar esos medicamentos. La advertencia se repite a lo largo de la ruta hacia el norte.
Es que desde el principio muchas asumen que entre los costos del viaje por México se encuentran las agresiones sexuales.
Recientemente organizaciones como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, así como Formación y Capacitación (Foca), presentaron el informe «El corredor Huehuetenango-Comitán», una cartografía de las mujeres en las migraciones.
El documento destaca, entre otros temas, que algunas migrantes se ven obligadas a sostener relaciones íntimas como requisito para cruzar la frontera sur de México.
Algo que otros han detectado.
«Hemos visto muchos testimonios de mujeres migrantes que deciden ellas mismas pagar esta cuota con tal de no ser sujetas de más violencia sexual dentro del camino», le dice a BBC Mundo Perseo Quiroz, director de AI México.
Con frecuencia entre los perpetradores se encuentran agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), que pertenece al gobierno, aunque también existen denuncias de abusos de policías y militares.
Los «coyotes», pandilleros y vecinos de las rancherías por donde cruzan las centroamericanas también cometen abusos, según las denuncias.
Rutas de violencia
Los ataques ocurren en prácticamente todo el país, aunque organizaciones civiles y autoridades han identificado algunos puntos especialmente peligrosos.
Uno de estos es el corredor entre el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, y Comitán, Chiapas, en México.
En esta zona los abusos, robos, extorsiones y secuestros son cotidianos.
El área es una de las rutas que recientemente volvieron a utilizarse después que el gobierno mexicano aumentó la vigilancia en los sitios tradicionales de cruce, como Tapachula y Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Cada mes, dice Diana Damián Palencia, directora de Foca, en la región se cometen entre cuatro y cinco asesinatos de mujeres.
Las víctimas son abandonadas en una brecha que comunica el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, con Huehuetenango.
El camino se llama, paradójicamente, «Gracias a Dios».
Impunidad
Desde hace más de una década existen denuncias sobre abusos sexuales a mujeres migrantes en territorio mexicano.
Las autoridades han aplicado programas que pretenden mitigar los abusos a personas sin documentos migratorios, como el «Plan Frontera Sur».
Pero las agresiones no cesan. No se conoce el número exacto de ataques que ocurren en el país porque la mayoría de las víctimas no los denuncia.
Es parte del problema y también -afirma el director de AI México- que muchos de los casos que llegan a las autoridades quedan impunes.
«Tiene que haber protección efectiva y castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo la violencia contra las mujeres migrantes en México», insiste Quiroz.
La situación ha empeorado en el último año, subraya la religiosa Willemann, del Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras.
«Ha aumentado muchísimo, estamos muy preocupados por lo que está sucediendo», subraya.
Sin cambios
Pero el secretario Osorio Chong ha dicho lo contrario. En los municipios donde se aplica el Plan Frontera Sur «ha disminuido hasta un 35% los delitos», asegura.
«En menos de un año tenemos resultados muy satisfactorios en favor de los derechos de los migrantes que visitan».
Algo que Valdette Willemann no parece compartir. «El gobierno de México dice que la situación ha mejorado pero no, hay mucha violencia física», afirma.
El Centro de Atención al Migrante de Honduras y Amnistía Internacional han solicitado acciones concretas a las autoridades mexicanas.
Pero «no hay ninguna respuesta», subraya la religiosa.
«Continúa lo mismo, dicen que México sigue mejorando pero lo que vemos es que no es así, hay mucha violencia».
MENTE INTER-NAZIONALE 