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La Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó un nuevo Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Tras haberse creado hace tres años, se trata de una actualización del cuerpo normativo destinado a controlar las operaciones consideradas «sospechosas» realizadas por el sector privado.
El organismo de control entendió en su resolución general 10/2015 publicada hoy en el Boletín Oficial que resultaba «menester modificar y actualizar» el compendio regulatorio, por quedar desfasado con las últimas regulaciones implementadas.
En sus considerandos, la IGJ señala que el Manual incorpora algunas de las normativas sancionadas con posteridad a la sanción del primer manual. Entre los agregados, se sumaron «las obligaciones de las entidades sujetas al contralor del organismo de individualizar a sus beneficiarios finales» o que se constate «la no presencia de terroristas entre los miembros del órgano de administración y fiscalización».
En relación al primer agregado, la entidad que conduce Diego Cormick agregó en el manual la resolución 07/2015 de la IGJ, que establece en los trámites registrales de sociedades, contratos asociativos y fideicomisos la obligación de «individualizar al beneficiario final» de las operaciones que tengan como mínimo el 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica. Esa medida alcanza a las sociedades constituidas en el extranjero, lo que amplía la jurisdicción de control de la institución.
Otra incorporación al cuerpo normativo es «la obligación de que los miembros del órgano de administración y fiscalización y las personas humanas que sean designadas de contratos asociativos o fideicomisos» presenten una declaración jurada sobre su condición de Persona Expuesta Políticamente, en aquellos trámites de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades en el extranjero, fundaciones, entre otras.
El mismo criterio deberá aplicarse cuando se pretenda inscribir las designaciones de nuevas autoridades de aquellos sujetos a los que se les aplica la regulación.