Un país que se reforzó para lo peor, pero que ni así evitó la masacre

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/

La policía y el ejército estaban en alerta. El gobierno anunció reiteradas veces que se esperaban más ataques terroristas en Francia, pero nada detuvo a los terroristas. Desde ayer, y durante un mes, Francia dejó en suspenso el Acuerdo de Schengen y restableció controles fronterizos. Esta no es la primera medida antiterrorista tras los atentados de Charlie Hebdo, y se calcula que las medidas extra de seguridad que se despliegan en el país, con unos 10.000 policías y militares en las calles, cuestan un millón de euros al día.

Dos semanas después de los atentados jihadistas de París, que dejaron 17 víctimas, Francia anunció que reforzaría con capital humano y material su lucha antiterrorista. Entre las medidas destacaron la creación de 2680 puestos en tres años en la lucha contra el terrorismo, y una inversión de 425 millones de euros en equipamiento. Para completar el refuerzo, el gobierno presentó en marzo una ley para regular las actuaciones de los servicios de inteligencia, en particular las escuchas telefónicas y el control de Internet. Hollande anunció en abril el aumento del presupuesto de Defensa (31.400 millones de euros anuales).

El presidente François Hollande también decidió mantener 7500 puestos de militares de los 34.000 que debían anularse antes de 2019. Tras los atentados, las fuerzas armadas fueron movilizadas en el exterior para luchar contra el terrorismo (9000 soldados) y en la vigilancia de los lugares sensibles en territorio nacional, en el marco del plan antiterrorista Vigipirate (10.500 militares). Se decidió la inversión de 233 millones de euros destinados a Interior y de 181 a justicia para comprar material como chalecos antibalas, cascos y vehículos para los agentes encargados de las vigilancias. El esfuerzo presupuestario que, incluyendo los gastos en personal, supone 735 millones de euros en tres años, Valls afirmó que «será compensado por ahorros (…) en el conjunto del gasto público, año tras año».

En mayo se aprobó que los servicios secretos franceses tuviesen amplios poderes para rastrear Internet e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas. Para ello les basta con autorizaciones del primer ministro, pero sin control judicial. El gobierno presentó la ley como «necesaria», mientras que para numerosas asociaciones de defensa de los derechos se trató de una ley «liberticida». Hasta entonces, las actuaciones de los espías se regían por una ley de 1991, cuando las nuevas tecnologías estaban en pañales.

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