Cumbre UE-Turquía: dinero a cambio de contener la salida de refugiados

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¿Se traiciona Europa a sí misma y a sus valores en las políticas migratorias? La Unión Europea lo tiene todo listo para la cumbre con Turquía, que consiste, según los diplomáticos europeos consultados, en consagrar como principio que la UE acepta de una vez por todas que tiene que sacar la chequera para contener la marea de refugiados. En el menú de la cumbre hay suculentas ofertas para Ankara: tras la polémica inicial, los socios europeos aceptan dar «inicialmente» 3.000 millones de euros a Turquía para que mejore las condiciones socioeconómicas de los más de dos millones de refugiados que alberga.

Acepta reabrir la negociación sobre la adhesión de los turcos, tras más de 10 años dando largas. Y propone adelantar al otoño de 2016 la liberalización de visados a ciudadanos turcos a cambio de la improbable posibilidad de que Ankara acepte el acuerdo de readmisión: Europa le devolverá los inmigrantes que no tengan derecho a asilo que hayan entrado por la frontera turca.

Todo eso en una semana que resume perfectamente la personalidad política de Turquía, que en el espacio de unos días ha derribado un caza ruso y ha provocado un lío con Moscú que puede dificultar las soluciones en Siria, ha encarcelado a dos periodistas críticos con su Gobierno y ha visto cómo se eleva varios escalones la tensión en su interior por la muerte en un tiroteo del abogado Tahir Elçi, una de las voces a favor de una solución pacífica del conflicto kurdo más respetadas de Turquía.

La última vez que la UE evaluó seriamente las opciones de Turquía de entrar en el club, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la Unión) emitió una contundente opinión negativa que frustró ese proceso, en 1987. Finalmente, las negociaciones de adhesión empezaron en 2004 y se abrieron formalmente en 2005, con dos frentes fundamentales: el deseo de la Unión de que el presidente Recep Tayyip Erdogan aprobara reformas económicas, sociales y políticas, y el contencioso con Chipre (y los sempiternos problemas con Grecia) por la parte norte de la isla.

Francia, Alemania y Austria lideraron siempre la oposición a la entrada de Turquía en la Unión, amén de sus rivales Grecia y Chipre. En 10 años los avances han sido mínimos: ni Turquía ha hecho las reformas prometidas –sobre todo en el ámbito de los derechos civiles, tal y como ha dejado claro la Comisión recientemente– ni se ha avanzado lo más mínimo en la negociación, con la mitad de los capítulos virtualmente congelados desde hace años.

Durante mucho tiempo la UE perdió el interés en Turquía –la crisis del euro ha dejado poco tiempo para distracciones–, y viceversa: Ankara ha acusado repetidamente a la Unión de sus prejuicios antimusulmanes. Las fuertes protestas en Estambul en 2013 en favor de las reformas y los continuos escándalos de corrupción no ayudaron a desencallar el proceso.

En esas llegó la crisis de refugiados, y las cosas dieron un giro radical. Alemania ha dejado claro que, además de sus valores, Europa tiene grandes intereses en el caso turco: Ankara se sabe imprescindible en la búsqueda de soluciones para la crisis de asilo y ha solicitado la cumbre de este domingo a sabiendas de que en el menú habrá buenas ofertas a su favor. Pero lo principal es el cambio de actitud europeo: ni los derechos civiles ni la corrupción ni la falta de reformas son un obstáculo ahora para Europa, aseguran dos fuentes diplomáticas de dos de los grandes países del euro. Es posible que las disensiones impidan un acuerdo de amplio espectro, advierten las mismas fuentes. Pero los diplomáticos apuestan a que Berlín presionará con todo para «reavivar las relaciones con Turquía», apunta la embajada británica.

Alemania necesita a Turquía para que los refugiados dejen de venir. Y la UE está ya de acuerdo en ofrecer esos 3.000 millones «inicialmente», según el borrador de conclusiones de la cumbre, lo que deja la puerta abierta a mayores desembolsos si Ankara hace su trabajo. «Ese dinero no es para Turquía, es para los refugiados», ha asegurado a EL PAÍS Federica Mogherini, que ejerce la jefatura del servicio exterior de la UE. Ese fondo de 3.000 millones lleva semanas dividiendo a los socios, a los que se les pide que aporten 2.500 millones en función de su PIB (a España le corresponden 191 millones). Pero Croacia y Hungría descartan participar; el resto de países parecen «resignados» a contribuir, según las fuentes consultadas, y discuten aún sobre cuál debe ser el origen del dinero, si hay margen para obtenerlo del presupuesto comunitario o de pagos bilaterales, y presionan para que no compute en el cálculo del déficit para cumplir las metas con Bruselas.

Las paradojas se acumulan en esa escenificación de las relaciones entre europeos y turcos. Turquía no está en la lista de países seguros de la UE, y sin embargo la Unión ya no le hace ascos a la adhesión, e incluye entre las conclusiones de la cumbre la posibilidad de liberalizar los visados. Erdogan vuelve a atraer la atención de Bruselas pese a que su reciente victoria electoral se ha saldado con un rotundo éxito personal que muy probablemente le va a llevar a reformar la Constitución para convertir el actual régimen presidencialista de facto en uno de iure: ante la importancia creciente de Erdogan al Este del Mediterráneo, todo lo demás –libertades públicas, libertad de expresión, el problema con el Kurdistán, la creciente polarización de la sociedad entre sus sectores occidentalizados en la costa mediterránea y la Anatolia profunda, cada vez más conservadora y apegada a sus raíces islámicas– queda en un segundo plano.

Turquía permite a los traficantes fletar la mayor parte de los barcos que cruzan hacia Europa, y su frontera con Siria sigue siendo la más crítica de la región: la UE sabe que Ankara tiene una de las llaves maestras de la solución a la crisis de asilo. «Por eso se ofrece ese primer dinero, la posibilidad de que entre en Schengen y se reabren las negociaciones de adhesión, aun tapándonos la nariz porque sus reformas internas están aún muy verdes, sobre todo en materia de derechos civiles», apunta una fuente diplomática. Por tamaño, situación geográfica, sistema político, historia y cultura, «Europa está obligada a conjugar hoy sus mil veces pregonados valores con sus intereses en plena crisis de refugiados», apunta la misma fuente.

El mundo busca el primer pacto global contra el cambio climático

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El mundo tratará de cerrar en París el primer acuerdo global contra el cambio climático en los próximos 15 días. 195 países buscan reemplazar el Protocolo de Kioto, un pacto que desde su aprobación en 1997 no ha conseguido reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A diferencia de Kioto, que cubría el 11% de las emisiones —y que no vinculó a China y EE UU en la mitigación—, ahora se intenta un pacto que comprometa a todos. Casi 180 países han presentado antes de la cumbre planes voluntarios de reducción de emisiones. Pero esos esfuerzos no son suficientes para impedir que la temperatura suba más de dos grados a final de siglo, el límite fijado por la ciencia como crítico. Encontrar la forma de superar esa brecha, la financiación de la adaptación y el grado de vinculación son los retos de la cumbre.

Más de 140 presidentes y jefes de Estado tomarán la palabra hoy en la capital francesa en uno de los mayores encuentros diplomáticos registrados fuera de Nueva York, sede de la ONU. Y sus discursos versarán sobre un problema común que recorre de norte a sur el planeta: el calentamiento global. «La lucha contra el cambio climático y la lucha contra el terrorismo serán los dos principales desafíos del siglo XXI», decía este sábado a EL PAÍS Laurent Fabius, ministro de Exteriores de Francia, el país anfitrión que lleva meses de trabajo diplomático para que se cierre un acuerdo el 11 de diciembre.

El nombre de París, una ciudad traumatizada por los atentados de hace unos días, puede quedar unido para muchas décadas a la lucha contra el calentamiento global si de la cumbre internacional que acoge (la COP21) sale un pacto efectivo dentro de dos semanas. Este 2015está a punto de cerrarse como el año más cálido desde que hay registros. Paralelamente, la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera también está en niveles históricos. La ciencia (de forma casi unánime) relaciona estos dos hechos y los Gobiernos han asumido ya esa vinculación.

Pese a las alertas, el ser humano ha seguido aumentando las emisiones a través de la generación de energía, la industria, el transporte y la agricultura en las últimas décadas. Se prevé que en 2020 el volumen de emisiones mundiales anuales se duplique respecto a 1970.

Ya se han celebrado 20 reuniones de la ONU como la que acoge París, sin que se haya cerrado un acuerdo que comprometa a todos en la reducción de emisiones. El protocolo que se quiere sustituir, el de Kioto (1997), solo cubría el 11% de las emisiones mundiales. Ahora se quiere llegar al 100% y para eso es necesario que esta vez estén China y Estados Unidos, las dos principales potencias económicas y emisoras de CO2. Ambos han dado algunos pasos, como presentar sus planes de reducción de emisiones ante la ONU. Pero sus compromisos no están entre los más ambiciosos.

La Unión Europea, que negocia como un bloque, llega con una de las propuestas más fuertes: reducir al menos un 40% sus emisiones en 2030 respecto a 1990. Y con un mensaje: se puede crecer económicamente con menos CO2. Entre 1990 y 2012, las emisiones cayeron en Europa un 17,9%. Eso es en términos globales, porque hay excepciones nacionales como España, donde en ese mismo plazo crecieron un 22,5%.

Pero Europa solo representa al 10% de las emisiones mundiales. Sin China y EE UU, se volverá a fracasar en el objetivo que se quiere fijar: reducir las emisiones para que en 2100 el incremento de la temperatura no supere los dos grados de media respecto a antes de la Revolución Industrial.

Esta vez, tras seis años intentando cerrar el pacto, las dos principales potencias han mostrado voluntad de acuerdo. El problema surge al bajar al detalle. Por ejemplo, la UE quiere que el acuerdo tenga puntos jurídicamente vinculantes, algo que incomoda EE UU, que no llegó a ratificar Kioto precisamente por esa obligación jurídica. «La UE no aceptará solo una declaración de principios», dice el secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Pablo Saavedra.

«El acuerdo debe ser jurídicamente vinculante y con metas claras», insiste el ministro colombiano de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Su país está dentro del bloque de países que no son los principales causantes del cambio climático pero que han presentado compromisos de reducción de emisiones. Colombia propone bajarlas un 20% respecto a 2010. Pero podría llegar al 30% si recibiera financiación extra.

Aquí está otro de los puntos de tensión de París: la financiación. Hay dudas sobre quién debe poner los 100.000 millones de dólares anuales que a partir de 2020 deben estar dentro del llamado Fondo Verde. «Tiene que aportar todo aquel que pueda según sus capacidades», opina Vallejo. Sin embargo, otros Estados insisten en que tienen que encargarse de la financiación los que han desatado el problema: los países desarrollados tras décadas de emisiones.

En el pacto parece que fijará la meta de los dos grados. Pero los compromisos de mitigación que 180 países —el 95% de las emisiones mundiales— han presentado antes de la cumbre no son suficientes y colocan al planeta en un incremento de al menos 2,7 grados. La UE pretende que, para solucionar esta brecha, cada cinco años se revise al alza el acuerdo. «Ni China ni EE UU quieren la revisión al alza», dice Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático.

Teresa Ribera —directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París y que acude a la cumbre con la delegación francesa— se fija en las consecuencias que tendrá cerrar un acuerdo ambicioso. En su opinión, se lanzará un mensaje a los inversores internacionales del sector de la energía, «que en este momento están parados».ç