Diamantes de sangre para avivar la guerra

fuente: http://www.elmundo.es

Los alemanes que llevaron la primera máquina de rayos X a África en 1908 no pretendían detectar enfermedades, sino radiografiar el cuerpo de los mineros de Kolmanskop para que no ocultaran los diamantes que luego se vendían en el primer mundo. La extracción de estas valiosas gemas sigue hoy importando más que la vida de aquellos que las extraen, como demuestra el conflicto religioso de República Centroafricana. Lo único que no se ha detenido por la guerra son las minas. Para visitarlas, sólo hay que pagarle 20 dólares a los soldados que las custodian, a los que no les importa lo más mínimo que el extranjero fotografíe a los niños que trabajan en ellas.

Amnistía Internacional revela cómo las grandes empresas mineras (y cita a las belgas Sodiam y Badica/Kardiam) han alimentado los mercados de joyería de Amberes y Dubai, por valor de varios millones de euros, con diamantes de sangre. Su extracción y venta estaba prohibida por la guerra desde mayo de 2013 ya que contribuyen a financiar el conflicto, pero ahora se obtienen más diamantes de sangre que nunca. Esta actividad ilegal, así como el control del país por parte de las milicias (la rebelión Seleka, de mayoría musulmana, y los grupos Antibalaka, de mayoría cristiana) ha provocado matanzas, violaciones masivas y trabajo infantil en las explotaciones. Niños de 10 y 11 años excavan de sol a sol en estas explotaciones a cielo abierto sin seguridad alguna y a precios de esclavitud.

Estos grupos armados, que emplean a miles de menores como soldados para hacer la guerra, «han obtenido grandes beneficios de este tráfico de diamantes» al exigir tasas o protección a mineros y empresas de extracción. Las minas se encuentran, sobre todo, en las zonas de Bria, Berberati, Boda y Carnot, y están gestionadas desde hace años por milicias de nombres ridículos: Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) o la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR). Cuando más presumen en sus siglas de democracia, libertad o sentimiento popular, más crueles resultan con las 100.000 personas que trabajan en las minas. Tradicionalmente, los mineros suelen ser cristianos, mientras que el tráfico en primera instancia pertenecía a los musulmanes. Desde hace unos años estos últimos han huido hacia el norte por culpa de la guerra sectaria.

El país, que está dividido y sufre brotes de limpieza étnica, se encuentra en un punto ideal para empresas con pocos escrúpulos y saqueadores de la más diversa índole. Las compañías, según Amnistía Internacional, no tienen problemas en seguir exportando oro y diamantes pagando a estos señores de la guerra o saltándose cualquier auditoría, como el Proceso Kimberly, el programa internacional que lucha contra la exportación y venta de diamantes de sangre. A pesar de sus esfuerzos, el de los diamantes sigue siendo en estas zonas del mundo un negocio opaco de precios criminales, atraso aberrante y tráfico mafioso.

De momento, se han sacado 140.000 kilates de diamantes a países vecinos como Camerún y República Democrática del Congo, que también posee explotaciones en Mbuyi Mayi. Así se blanquea su origen. Este tráfico se realiza hoy por carretera, ya que las avionetas en las que desde hace décadas viajaban las sacas de piedras preciosas sirven hoy de hogar improvisado a más de 18.000 desplazados cristianos que malviven en los hangares del aeropuerto de M’Poko, en Bangui.

En los años 90, las minas de diamantes de la frontera entre Liberia y Sierra Leona alimentaron un conflicto civil que dejó cientos de miles de muertos y heridos, una economía hundida y un retraso de décadas con respecto a sus vecinos. La película ‘Diamante de Sangre’ (Edward Zwick, 2006) denunció el uso y abuso de los grandes conglomerados mineros para sacar estas piedras a bajo precio de países en guerra y venderlas en las mejores joyerías del mundo con certificados falsos.

Países como Canadá explotan y exportan diamantes con la etiqueta «Conflict Free» (libres de conflicto), pero otros países como Bélgica, según el mismo informe, venden piedras ‘blanqueadas’. En República Centroafricana, estos depósitos de gemas preciosas se encuentran en los ríos Kotto, Mambéré y Lobaye, y se extrae de manera artesanal, en agujeros en los que, a veces, sólo cabe un minero. Cuando encuentran un diamante se lo llevan a un ‘collecteur’ (el traficante) que lo pone en manos de compañías pantalla camino de algún aeropuerto. De ahí viajará a Bélgica o Emiratos Árabes para acabar en cualquier anillo de bodas.

El Ejército mexicano niega que ordenara matar en Tlatlaya

Fuente: http://www.elpais.com

Organizaciones de defensa de los derechos humanos hicieron público este jueves un documento del sumario del juicio castrense por el caso Tlatlaya, donde se recogen las instrucciones del estamento militar a la patrulla que acabó con la vida de 22 supuestos narcos la madrugada del 30 de junio del año pasado en el Estado de México. Una de las órdenes era “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) respondió el viernes con un comunicado de prensa donde objeta que la información revelada es incompleta, y que el espíritu general de las instrucciones del documento es que “las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos”.

El documento –una Orden de Relevo y Designación de Mando– fue dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quién estaba al frente de la tropa de los siete soldados que participaron en la operación. Todos, incluido el teniente, están hoy detenidos bajo la sospecha de que lo ocurrido aquella noche pudo tratarse de ejecuciones sumarias, y no de un tiroteo cruzado entre la patrulla y el grupo de presuntos narcotraficantes, como durante los primeros meses defendió el Ejercito.

El informe del Centro Prodh, la asociación que tuvo acceso al sumario militar en su condición de abogados de una de las tres supervivientes y testigo del caso, no incluye el documento en su totalidad. Pero en el cuerpo del informe sí se especifica que si bien la orden alude en varios pasajes al “respeto a los derechos humanos” y es acompañada de un anexo titulado “Conductas que deben evitarse en operaciones”, estas instrucciones son, a juicio del Centro Prodh, contradictorias con el mandato de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El estudio de la organización civil incide en que el resto de conductas recomendadas “no amainan la contundencia de esta instrucción, generando en el mejor de los casos una confusión impropia de un ejército profesional”.

El comunicado de la Sedena subraya que el documento recoge hasta  “38 indicaciones que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas, además de privilegiar el respeto a los derechos humanos”. Entre ellas:  evitar los cateos (entradas en un domicilio) sin orden de la autoridad judicial, trasladar a los detenidos a las instalaciones militares, garantizar la seguridad de las personas inocentes o evitar generar víctimas colaterales.

La investigación abierta por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) –en paralelo al juicio que se libra también en fuero militar– apunta a que al menos ocho de los 22 fallecidos fueron ejecutados a sangre fría. Por su parte, la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) eleva a 15 el número de muertos, entre ellos dos adolescentes, bajo el tiro de gracia a manos de los ocho soldados. La CNDH  añade además que después de los hechos los militares manipularon la escena del crimen para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos.

La Secretaría de Gobernación (Interior) también salió al paso de la publicación del documento publicado por las ONGs. El subsecretario de derechos humanos de la institución dijo el viernes en una entrevista para Radio Formula que «el término abatir tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida”, y que además las instrucciones contienen “referencia constantes y suficientes sobre el respeto a los derechos humanos”.

A esta reacción del Gobierno, el Centro Prodh lamentó que el debate se desplace a lo lingüístico en vez de centrarse en la depuración de responsabilidades. “No es de la definición de los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir se menciona hasta en cuatro ocasiones, donde este verbo es empleado como sinónimo de privar de la vida”.

Las asociaciones de derechos humanos que siguen el caso –Amnistía Internacional, Artículo 19, CMDPDH, entre otras– demandan un ensanchamiento de la investigación para determinar a fondo las posibles responsabilidades de toda la cadena de mando que intervino aquella noche. Solicitan además que la causa recaiga por completo en tribunales civiles, ya que según la jurisdicción internacional, al tratarse de violaciones de derechos humanos el caso excede la competencia de la justicia militar.

La lucha de un migrante torturado para que México lo indemnice

Fuente: http://www.elpais.com

Cuando Ángel Amílcar cruzó México con rumbo a los Estados Unidos en 2009 no fue víctima, como cientos de migrantes, de los cárteles o de las bandas de trata de personas. Este hondureño agudizados por el descontrol de la guerra contra el narcotráfico. Ángel fue detenido en Tijuana por la policía mientras esperaba cruzar a Estados Unidos y fue acusado de traficar droga. Antes de ser enviado a la prisión fue torturado y humillado por militares. Un juez lo exoneró el año pasado y fue liberado tras un lustro en una cárcel.

Tras su liberación, Amílcar regresó a casa a ver a su pareja y a su hijo en el departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Ahora, está de vuelta en México empeñado en brindar a su historia un final feliz. Su sonrisa deja ver unos dientes muy blancos, carentes de rencor. Está por comenzar una batalla. Busca que quienes lo torturaron sean castigados, limpiar su nombre y que el Estado mexicano lo indemnice por el daño provocado. “Si mi caso no llega a concluirse es un antecedente no prometedor para los mexicanos y extranjeros que han sido víctimas de tortura”, dice.

Ángel rema a contracorriente. Entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 7.000 quejas por tortura y malos tratos. Solo existen seis sentencias por este delito desde 2005, según un informe de Amnistía Internacional. “Torturar no cuesta nada en México. Ni administrativamente, ni penalmente”, señala el abogado Luis Tapia, uno de los abogados de la víctima.

La lucha de este garífuna (una etnia negra de orígenes africanos y caribeños con raigambre en la zona del Atlántico centroamericano) se enmarca en un contexto especial. El Gobierno de Enrique Peña Nieto lleva meses tratando de refutar los señalamientos que le llueven del extranjero por violaciones de derechos humanos. Uno de los más feroces críticos ha sido Juan Méndez, el relator de tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que firmó en febrero un polémico informe donde concluyó que la tortura y los malos tratos en las detenciones en México eran generalizados. Como parte de su investigación, Méndez visitó a Ángel Amílcar en prisión en mayo de 2014. Un mes después el hondureño fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Amílcar se encuentra ahora inmerso en un pantano burocrático. No puede acceder a los recursos que ofrece el Gobierno a las víctimas de la violencia porque el Estado no admite el protocolo de Estambul (un conjunto de reglas para documentar la tortura) que le aplicaron peritos independientes. “La PGR quiere someterlo a otro donde vuelva a contar toda su experiencia y revictimizarlo. Es un examen muy intrusivo”, dice Tapia.

El protocolo, realizado cuando Ángel llevaba cuatro años en la cárcel, fue pagado por una ONG hondureña después de que la defensoría pública mexicana rechazara hacerlo por no tener dinero. Durante el proceso judicial la prueba no fue desechada por las autoridades. “Si no admiten el protocolo cualquier individuo que sea torturado y que contrate peritos independientes verá caer las pruebas vinculadas a la tortura”, dice Amílcar.

La víctima ya contaba con la promesa de funcionarios mexicanos. Lía Limón, la encargada de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG, Ministerio del Interior), lo recibió el 3 de noviembre de 2014. “Se disculpó en nombre del Estado por todo lo que me había pasado”, recuerda Ángel. “Me dijo que contaba con un fideicomiso y que iba a agotar todas las instancias para repararme el daño”.

Según documentos en poder de este periódico, las gestiones de la alto cargo siguieron. En un oficio fechado en diciembre de 2014 se solicitaba a Ángel documentos que comprobaran gastos hechos por su familia en tratamientos médicos y psicológicos. Estos se incluirían como “daños emergentes” que se sumarían a una indemnización general.

Fue la política la que se interpuso entre el diálogo del Gobierno y la víctima. En marzo, Lía Limón abandonó el cargo para buscar ser diputada por el Partido Verde. Fue hasta la semana pasada que Ángel Amílcar fue recibido por Roberto Campa, el relevó en la oficina de Gobernación. “Está más dispuesto que la anterior”, asegura el hondureño.

Ángel sabe que su petición es difícil. “No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro sería engañarme”. Prefiere concentrarse en la siembra de bananas en Honduras. También quiere recuperar el tiempo perdido con su familia. “Mi hijo creció sin mí. Cuando uno se aleja se pierde el cariño”. Sabe que el amor, como su huerto, necesita cultivo y atención. “Si no, la mala hierba se come todo”.