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Entre el domingo y el martes pasados, 125 personas fueron asesinadas en El Salvador. Se trata de una nueva escalada de la violencia en el país, que es considerado uno de los más peligrosos del mundo según la ONU. Para la experta en temas de violencia, Jeannette Aguilar, la ola de asesinatos es el reflejo de un enfrentamiento armado entre el Estado, que tiene una respuesta extremadamente violenta frente a los ataques y las maras o pandillas. Un fiscal, 42 policías y 16 militares han muerto en lo que va de 2015 en esta nueva guerra salvadoreña.
Es la primera vez que el país centroamericano registra más de 100 muertes en tres días en su historia reciente. Entre los asesinados hay de todo, desde bebés, a mujeres embarazadas y ancianos. “Esto es una confrontación armada”, sostiene la experta y académica en temas de violencia, Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).
El pasado domingo hubo 40 asesinatos y se convirtió en el día más violento del 2015; pero el lunes se registraron 42 muertes y el martes 43. “Estamos en una nueva etapa de escalada de violencia, de confrontación armada en el que están participando tanto el Estado —con una respuesta extremadamente violenta al radicalizar su respuesta, sobre todo desde el área policial y militar— como desde las pandillas y otros grupos armados e ilegales”, aseguró a este periódico Aguilar.
Las estadísticas indican que en el pasado mes de julio hubo un promedio diario de 15 homicidios; mientras que en lo que va agosto, la media alcanzó a 25 asesinatos cada día. El comisionado de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, reconoció la escalada criminal y asegura que, en su mayoría, los asesinados son pandilleros o mareros. “Hay que hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo, como lo que ocurrió el domingo en el que tuvimos una serie de enfrentamientos con delincuentes”, detalló el delegado de la PNC.
“Este derramamiento de sangre no tiene una respuesta única: es el resultado último de una conjunción de prácticas, grupos y actores violentos que están participando en estas dinámicas y en ese sentido —para mí— es fundamental que una respuesta de un Estado responsable sería la de investigar a fondo estas estructuras para desmontar su funcionamiento”, dijo Aguilar. La experta estima que tal como va la situación, este año podría concluir con una tasa de homicidios de más de 90 por cada 100.000 habitantes. En la actualidad la tasa se sitúa en 60 por cada 100.000 habitantes, pero la magnitud es tal que, si la República Popular China tuviera esa misma estadística, su cifra de asesinatos llegaría a más de 800.000 en un año.
Jeannette Aguilar añade: “Hay que reconocer que la pandilla ha radicalizado su ejercicio de violencia no solo a partir de la evolución natural que han tenido, sino también por la configuración de nuevos grupos con alguna legitimidad política”. En su opinión, esa radicalización parece transitar hacia un nuevo movimiento armado insurgente. “Tiene que ver con una respuesta defensiva ante la ola de ejecuciones, ataques, persecuciones y abusos que se están produciendo por parte de las pandillas y otros grupos de ejecución que aquí no se han investigado”.
Armas del Ejército
En esta confrontación armada entre pandilleros y agentes del Estado han muerto en lo que va de año 42 policías y 16 militares, así como un fiscal. La mayoría de ellos asesinados en acciones planificadas como ataques directos y emboscadas. De acuerdo con la policía, los pandilleros asesinan con armas de fuego, muchas de ellas fusiles de asalto de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas.
Algunos investigadores indican que este armamento, como las municiones, son comprados en el creciente mercado negro de armas de Centroamérica, en especial en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La violencia incesante genera un miedo intenso en la población, víctima de la barbarie criminal de los pandilleros y del fuego cruzado en su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La situación también está afectando a la economía del país. En un informe trimestral de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), se sostiene que la inseguridad vigente está perjudicando al crecimiento nacional. Según ese estudio, una de cada cuatro empresas se ha visto afectada directamente por acciones delincuenciales, especialmente por medio de extorsiones, robos y asesinatos de sus empleados. También indica que el 60% de las empresas no quieren invertir en El Salvador, hoy por hoy, uno de los países más peligrosos del mundo, según Naciones Unidas.
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