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Autoridades gubernamentales y expertos de más de 20 países, se encuentran reunidos en San José (del 6 al 10 julio), para avanzar en la articulación intergubernamental contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel regional; en el marco de la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

En la cumbre anti blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo también participan representantes de varios organismos internacionales financieros y técnicos.

Los tres primeros días se cumplirá una ajustada agenda, propia de la organización; y los días jueves 9 y viernes 10 de julio se trabajará en los resultados finales del Informe de Evaluación Mutua de Costa Rica y el de Cuba, en el Cumplimiento de las Normas Internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cuyos resultados serán oficializados en un corto plazo.

Nuevo enfoque nacional contra el lavado de dinero

En el acto de apertura del evento, el jueves 9 de julio, Costa Rica presentará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

La Estrategia Nacional se ha venido construyendo en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y la participación de más de 30 entidades el Estado y del sector privado; incluyendo al sistema financiero, Superintendencias, Ministerio Público, Policía Judicial y otras autoridades policiales y administrativas.

Por lo tanto, es una respuesta país de naturaleza técnica que recopila las prioridades estratégicas orientadas a mitigar los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cabe destacar que es la primera vez que se logra articular un plan de acción nacional en esta materia, cuya elaboración ha contado con la Guía técnica del Fondo Monetario Internacional.

La Estrategia Nacional será oficializada por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; en el acto de clausura de la reunión, el viernes 10 de julio a las 3 p.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, sede del evento.

Instituto Costarricense sobre Drogas

La última evaluación de Costa Rica se efectuó en el 2007 cuando pertenecía al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 8204), aprobada en el 2009.

En esta ocasión, Costa Rica y Cuba fueron los primeros países en ser evaluados utilizando por primera vez la nueva metodología emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), basada no solo en medir el cumplimiento de normas, sino que también evalúa la efectividad del sistema antilavado del país.

“Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales, circulares y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de los tres componentes del sistema antilavado: Prevención, Detección e Inteligencia, e Investigación y Justicia Penal, en un marco de coordinación interinstitucional y cooperación internacional; es una tarea sumamente compleja”, explicó el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya Camacho.

GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a la cual Costa Rica se adhirió en el 2010.

En el seno de las plenarias del GAFILAT, participan como observadores la República Federal de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, la República de Francia, la Organización de Estados Americanos, representada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), la Organización de las Naciones Unidas, representada por la Oficina contra la Droga y el Delito, y por el Secretariado del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, Interpol y la República de Portugal.

Costa Rica decretará la coordinación administrativa contra el blanqueo de dinero

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San José, 10 jul (EFE).- Costa Rica decretará una coordinación administrativa que involucre a actores del sector público y privado para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según anunció hoy el presidente Luis Guillermo Solís.

En la clausura de la XXXI Reunión del Grupo de Acción Financiera de Lationamérica (Gafilat), que se celebró en San José, el presidente Solís anunció la primera estrategia de Costa Rica, que será la firma de este decreto que «reafirma el compromiso de lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo», dijo.

El Decreto Ejecutivo instruye a los órganos y entes públicos que conforman la administración central y descentralizada, a coordinar con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo y su Plan de Acción que fue presentada ayer por Costa Rica a la reunión.

Este plan contempla de forma primordial disminuir el uso de efectivo como medio de pago, fortalecer la regulación, supervisión y control del sector cambiario, y establecer un régimen jurídico para los medios de pago electrónico que incluya el surgimiento de nuevas tecnologías.

En cuanto a la financiación del terrorismo, la principal propuesta del plan costarricense es «fortalecer la implementación de resoluciones de la ONU, relacionadas con la aplicación de sanciones económicas a terroristas y organizaciones terroristas».

«La legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo implica mecanismos financieros y jurídicos muy complejos; que buscan movilizar fondos ilícitos a través de todo el mundo, lo que genera una serie de delitos cuya incidencia trasciende hasta golpear a la ciudadanía», afirmó el presidente costarricense.

Por ello, «urge una atención especializada e integral de parte de las instituciones estatales, de las entidades del sector privado, de los colegios profesionales y de los ciudadanos, porque la lucha debe ser de todos», aseveró el presidente de la República.

El decreto crea una Comisión Técnica Interinstitucional para apoyar la coordinación y planificación de las acciones de las entidades públicas y privadas, dirigidas a prevenir y combatir los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Estará conformada por dos miembros del Instituto Costarricense sobre Drogas, y uno por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), por el Banco Central de Costa Rica, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por el Ministerio de Seguridad Pública y por el Ministerio de Hacienda.

El decreto también insta a colegios profesionales y organizaciones sin fines de lucro establecidas jurídicamente, así como al sector comercial y empresarial, para que «participen activamente en este esfuerzo nacional para combatir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo».

Por otra parte, el secretario ejecutivo de Gafilat, Esteban Fullin, explicó a periodistas que «los informes sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Costa Rica y Cuba han sido «muy positivos».

Según dijo Fullin a los periodistas en la jornada de clausura, estos dos países están avanzando de forma muy importante para controlar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Costa Rica anunció por su presidente Guillermo Solís la firma del decreto de coordinación administrativa contra el blanqueo de activos y Cuba realiza un gran esfuerzo para afrontar los nuevos tiempos y desafíos que llegan por su apertura económica.

Gafilat es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación.

Participaron como observadores Alemania, Portugal, Canadá, España, Francia y Estados Unidos, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Organización de Estados Americanos, Interpol y la ONU.