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La guerrilla más antigua del mundo deja las armas después de 50 años de conflicto. Las FARC y el Gobierno colombiano han anunciado este miércoles un acuerdo crucial sobre justicia transicional, por el que se establecerá un tribunal especial y se emitirán condenas, aunque no todas serían pagadas con cárcel. El acuerdo incluye elementos de judicialización para todos los actores del conflicto –guerrilleros, militares, políticos, paramilitares…–, confesión de delitos y reparación de las víctimas contándoles la verdad de lo sucedido, según ha adelantado Caracol Radio.
También se ha puesto fecha a la firma del acuerdo con la guerrilla para poner fin al conflicto armado colombiano. Debe realizarse dentro de los próximos seis meses. Y el abandono definitivo de las armas tiene que concretarse como máximo 60 días más tarde.
Los garantes internacionales –de Cuba y de Noruega– fueron los encargados de leer el texto del acuerdo, que después firmaron los negociadores en el Palacio de Congresos de La Habana. En la cabecera de una gran mesa en forma de U –en la que se acomodaban los representantes de ambas partes de la negociación– estaban los protagonistas: el mandatario cubano, Raúl Castro, flanqueado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. Todos vestidos con –quizá como símbolo de paz– guayaberas o camisas blancas.
«A más tardar el 23 de marzo de 2016» se firmará la paz definitiva. El anuncio lo hizo un satisfecho Juan Manuel Santos. Y lo refrendó Timochenko en un discurso breve y enfático, en el que ha llamado a «multiplicar los esfuerzos que nos aproximen a las definiciones sobre la dejación de las armas y la transformación de las FARC en un movimiento político». Timoleón Jiménez –el nombre con el que se lo identificó en el acto– también ha destacado la importancia de que esta «jurisdicción especial» incluya a todos los protagonistas del conflicto y no sólo a una parte.
Santos ha anunciado que «todos los colombianos tendrán oportunidad de refrendar» los términos del acuerdo. «Un acuerdo que es el fin de una guerra de 60 años, la mas larga y la única de nuestro continente, que debe sentar las bases de una paz que sea estable y duradera, que cierre los ciclos históricos de violencia y responda a las expectativas de paz con justicia», ha afirmado el presidente colombiano.
Al parecer, la visita del papa Francisco a Cuba iba a ser el momento elegido para anunciar este acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC. Pero una serie de complicaciones de último momento en la negociación lo impidió. Con todo, el presidente Santos no dejó pasar las palabras del pontífice: «No podemos permitirnos un fracaso más», y le respondió con un contundente: «No vamos a fracasar. Ha llegado la hora de la paz». Tampoco lo hizo Timochenko, que tras citar a Bergoglio ha señalado: «Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia».
Las claves del acuerdo
El centro de este acuerdo fundamental, que llega después de los conseguidos en materia de desarrollo agrario, participación política y eliminación de las drogas ilícitas, se centra en la justicia y en las víctimas. Este tema, quizá el más complejo de todos, suponía el mayor escollo para el diálogo de paz.
El acuerdo de justicia transicional contempla la creación de una jurisdicción especial «no un sistema extrajudicial» que «investigará, juzgará y sancionará a los responsables de los delitos cometidos en ocasión del conflicto». Además, se ha consensuado una amnistía para los delitos políticos, no para aquellos crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, torturas o delitos sexuales.
La justicia transicional implica tanto a la guerrilla como a las fuerzas del Estado. Y se basa en el reconocimiento de los elitos cometidos y en la búsqueda de la verdad. Para ello se crearán salas especiales y tribunales ad hoc, pero siempre en el marco «de lo que el derecho internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: verdad, justicia, reparación y no repetición», ha destacado Timoteo Jiménez.
Para quienes colaboren en el proceso y reconozcan sus delitos se prevén penas de entre 5 y 8 años de privación efectiva de la libertad, pero no necesariamente de cárcel. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, los guerrilleros podrían ser recluidos en colonias agrícolas, participar en programas de desminado y en comisiones de la verdad. Esas mismas fuentes señalan que las FARC incluso se han comprometido a la reparación entregando tierras y dinero. No está claro cuál sería el destino de los efectivos militares que estuvieran en una situación similar.
«Dentro del esquema de justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado, se establecerá una priorización de casos emblemáticos que permitan el juzgamiento para que eso procesos no queden en la impunidad».
En el caso de los que no reconozcan violaciones a los derechos humanos, si son encontrados culpables podrán ser condenados a hasta 20 años de prisión efectiva.
Un viaje imprevisto anunciado por Twitter
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, comunicó por la tarde que viajaba a La Habana, donde se han desarrollado las conversaciones.
Junto a Santos ha viajado el delegado de Estados Unidos para las conversaciones en La Habana, Bernard Aronson.
El máximo comandante de las FARC, Timoleón Jimenéz, Timochenko, también se trasladó a La Habana con su delegación de negociadores en los diálogos de paz con el Gobierno.
Santos reconoció que «no todo el mundo quedará contento», en alusión a uno de los aspectos más controvertidos de la negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«No importa donde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos de lado y lado, algunos querrán más paz, otros querrán más justicia y estamos en esa negociación en este momento», remarcó Santos en unas declaraciones que también recoge Caracol Radio, para agregar: «No todo el mundo va a quedar contento, pero estoy seguro que a la larga será muchísimo mejor».
Del equipo que viajó a la capital cubana forman parte el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y los negociadores Frank Pearl y Óscar Naranjo, este último general retirado de la Policía.
En el ciclo negociador anterior, que terminó el 17 de septiembre, las FARC afirmaron que están listas para «abordar y discutir» los procedimientos para el «tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto».
Al sistema de justicia, reparación y no repetición se incorpora la justicia restaurativa, la que busca reconciliar a las víctimas con los victimarios. Y que podría hacerse efectiva, según informa el diario El Tiempo, con el trabajo de guerrilleros de las FARC en las obras de infraestructura que servirán a las comunidades que han afectado con sus acciones armadas. Por ejemplo, en la construcción de puentes, vías y escuelas.
El martes pasado, el presidente Santos se adelantó al debate que podría generar el acuerdo y dijo: «El meollo de toda esta negociación es dónde traza uno la línea de justicia y paz. Si uno le pregunta a una víctima dónde la traza, esa víctima va a pedir más justicia. Si uno le pregunta a una futura víctima, va a querer más paz porque no va a querer ser víctima. No importa dónde trace uno la raya, algunos quedarán insatisfechos».
Lo que queda en el proceso de paz, que comenzó el 19 de noviembre del 2012, son las decisiones sobre la manera como el grupo armado concentraría sus frentes para un cese bilateral y definitivo del fuego cincuenta años después de conflicto.
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