Un hombre de Lanús es el nuevo «Padrino» de Madrid

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«Rock, rock y rock». Así se describe el argentino Tiziano Ariel Díaz en su cuenta de Twitter, donde comparte fotos con armas y se muestra junto a terroristas y criminales de guerra de todo el mundo. El argentino oriundo de Lanús ahora se hace llamar «El Padrino» en Madrid, donde reside en la actualidad y se lo acusa de integrar una red de narcotráfico que envía kilos de cocaína y otras drogas a España.

Díaz está prófugo y se convirtió en uno de los hombres más buscados por Interpol. Tiene 31 años y es empresario con doble nacionalidad (argentina-italiana). De acuerdo a lo informado por el diario Perfil, es uno de los acusados por el caso «Manzanas Blancas II», causa por la cual en junio se secuestraron cerca de 300 kilos de cocaína en Río Negro. Otro de los buscados por el caso es Ángel Luis Salor Hoyas, también con residencia en Madrid.

En Madrid, Díaz aparece como administrador suplente de la sociedad que conforma la empresa argentina «Kiss Fruit Import SL», una compañía que declara dedicarse a la importación, exportación y comercialización de productos de alimentación y bebidas. Su otra empresa es Industrias Cruxol Impex SL, con sede en Valencia. Dice dedicarse al comercio al por mayor de frutas y hortalizas.

En esa misma sociedad –informó Perfil- aparece como socio Omar Daniel Pancari, empleado de la Legislatura porteña para el Bloque de la Coalición Cívica y procesado con prisión preventiva y socio de «Indinec SRL», gerenciada por Salor Hoyas y Gustavo Arnaldo (empresario de General Roca).

Según fuentes judiciales, las sociedades Indinec, Newen e Industrias Cruxol Impex estarían relacionadas con el envío de 287 kilos de cocaína a Europa, descubierto el 4 de junio pasado por personal de la Aduana de Villa Regina. Los voceros señalaron que las cajas de manzanas con droga habrían sido despachadas por Newen, con destino final en Valencia, donde debían ser entregadas a «Industrias Cruxol Impex», la firma de los argentinos Díaz y Pancari, dedicada a la exportación, importación y comercialización de alimentos.

La Dirección Nacional de Migraciones reveló que Díaz entró al país por última vez el 10 de marzo de 2013 y a la semana salió, mientras que Salor Hoyas entró y salió de Argentina el 28 de abril en una visita rápida. Los dos detenidos que tiene la causa (además de Pancari fue apresado Tany Cortez Molina, un ciudadano boliviano de 34 años y único empleado del frigorífico de la empresa «Frutas Kis», donde se sospecha habría sido cargada la droga) están procesados por los delitos de «contrabando de estupefacientes con destino a comercialización, agravado por el concurso de tres o más personas, en grado de tentativa». A cada uno de ellos se le trabó un embargo por 99 millones de pesos.

Por el caso están detenido Pancari y Tany Cortez Molina, un ciudadano boliviano de 34 años que figuraba como único empleado del frigorífico de la emrpesa «Frutas Kris». Se sospecha que en ese lugar la droga fue cargada. Ambos están procesados por el delito de «contrabando de estupefacientes con destino a comercialización, agravado por el concurso de tres o más personas, en grado de tentativa».

«El Padrino» y Pancari se conocían de Lanús. Ambos vivían en la misma cuadra de la calle Seguí al 1700. En su declaración ante la Justicia, Pancari dijo haberle vendido a su socio una tercera empresa, la firma española Industrias Cruxal Impex, por «problemas de salud». Sin embargo, siguió figurando en los papeles. «Cayó en el olvido mi función de dueño. Yo no sabía cómo era la operativa de desvinculación de una empresa en España», alegó.

El poder judicial, la esperanza brasileña

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RIO DE JANEIRO.- El tesorero del Partido de los Trabajadores y varios empresarios encarcelados por la corrupción de Petrobras. Medio centenar de políticos bajo la lupa de la justicia por ese mismo escándalo. El ex presidente Lula investigado por tráfico de influencias. Los números del gobierno de Dilma examinados por dudosas maniobras para maquillar el déficit. Su campaña evaluada por el Tribunal Superior Electoral por sospechas de que habría recibido financiamiento ilegal.

Los problemas legales del gobierno en Brasil son muchos, todo en medio de un fuerte cisma político y de serias dificultades económicas. Sin embargo, ante este panorama de escándalos y ajustes, un fenómeno esperanza a los brasileños: la independencia de la justicia, que no teme enfrentar al poder.

Esas acciones contra los peces gordos del país se reflejan tanto en los tribunales como en la calle. Según una encuesta de la consultora CMA, el judicial es el más creíble de los tres poderes del Estado, muy por encima del ejecutivo y del Congreso.

El 10% de los brasileños estima que la justicia es la institución más confiable, según CMA, después de la Iglesia y de las fuerzas armadas. Apenas el 1,1% piensa lo mismo del gobierno y sólo el 0,1% opina que el Congreso es creíble.

«Estamos viviendo una grave crisis política, pero las instituciones judiciales se encuentran más sólidas que nunca, actuando con profesionalismo, independencia y compromiso con la ética en general y la ética política en particular. Es una señal de consolidación democrática que, ayudadas por la prensa, no duden en controlar, investigar, denunciar y juzgar a los políticos y otros poderosos que deben ajustarse a la ley, como todos», afirmó a LA NACION Carlos Ayres Britto, ex presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), quien le dio impulso a un caso bisagra: el juicio por el escándalo del mensalão.

Todos los analistas coinciden en que ese proceso, que acabó en 2013 con la condena de la plana mayor del PT por el esquema de coimas mensuales pagadas a legisladores opositores durante el primer gobierno de Lula (2003-2006), supuso un hito para la justicia brasileña.

Primero, ya no parecía haber «intocables», ajenos a la ley. Segundo, los ministros que conformaban entonces el STF, la mayoría nominados por Lula o Rousseff, demostraron ser independientes de la política. Y, por último, el juicio revigorizó los ánimos en las instancias judiciales inferiores que comenzaron a convencerse de la posibilidad de un cambio real en la justicia.

«Sin el juicio del mensalão, no podría existir el petrolão, iniciado por un juez federal de Curitiba, Sergio Moro, que se atrevió a meterse de lleno en las corruptelas dentro de Petrobras. La independencia jurídica está plasmada en la Constitución de 1988, pero desde entonces ha habido muchos pasos en falso, errores de los que se fue aprendiendo. No fue una independencia ganada de la noche a la mañana, fue conquistada con grandes esfuerzos y hoy una nueva generación de fiscales y jueces la defiende por sobre todas las cosas», apuntó Joaquim Falcão, profesor de Derecho en la Fundación Getulio Vargas.

Para Falcão, ese cambio generacional fue personificado, en parte, por el juez Joaquim Barbosa, hoy de 60 años y jubilado, que sucedió a Ayres Britto en la presidencia del STF cuando comenzaron a darse las sentencias del mensalão.

Primer hombre de color en encabezar el máximo tribunal, Barbosa también mostró una nueva cara de la justicia brasileña: más diversa, cosmopolita y pragmática, consciente de su imagen pública gracias a la transmisión en vivo de las sesiones. Y la prensa, que mantuvo constante su cobertura del juicio, lo convirtió en una suerte de superhéroe de capa negra. Era aplaudido cuando subía a un avión o entraba a un restaurante, y la gente le pedía autógrafos y fotos en la calle. «La sintonía de algunas instituciones judiciales con la opinión pública genera un círculo virtuoso que lleva a que otros órganos busquen ser más competentes en su lucha contra la corrupción», opinó Falcão.

La misma reacción genera el juez federal de Curitiba Sergio Moro, de 43 años. A diferencia de Barbosa, cultiva un perfil muy bajo y no da entrevistas. Pero las pocas veces que habló en público dejó en claro que es representante de un nuevo tiempo, con valores muy firmes, y no duda en parafrasear a otro superhéroe, el Hombre Araña («Un gran poder conlleva una gran responsabilidad»). Junto con Moro trabaja una fuerza de nueve fiscales del Ministerio Público Federal coordinada por Deltan Dallagnol, de 34 años, especializado en crímenes financieros en Harvard.

«Por todo el país vemos que han surgido nuevos fiscales, jueces de todas las instancias y comisarios de la Policía Federal más profesionales, que han dejado de lado una visión teórica-doctrinaria para asumir un mayor pragmatismo, preocupados por los resultados, que actúan con una estrategia clara, objetiva, basada en hechos, evidencias, documentos. Son personas que tienen experiencia en los más diversos casos de crímenes financieros, narcotráfico, juego ilegal, corrupción en general, con los que vienen acumulando conocimiento y ayudando a madurar nuestra justicia», destacó la procuradora de la República, Silvana Batini.

Pese a los avances, las instituciones judiciales tienen importantes obstáculos por delante. La injerencia política sigue siendo un riesgo, sobre todo a nivel de los estados, donde los gobernadores pueden ejercer más presión que las autoridades nacionales. Además, la velocidad con que algunos jueces de primera instancia se mueven, como el dinámico Moro, puede frenarse con apelaciones y recursos que luego acaben frustrando a la sociedad brasileña que se ha hecho grandes expectativas.

«Estamos en un proceso histórico en el que el petrolão es apenas un episodio, no el último capítulo de una telenovela con final feliz», advirtió la fiscal Batini.

Cómo operan los piratas del asfalto: nuevas modalidades y tecnología de punta

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La semana pasada, la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones sostuvo una de sus cinco reuniones anuales. Creada en 2008 por los abogados Gabriel Iezzi y Víctor Varone, especialistas en derecho penal empresarial, con el objetivo de aglutinar al sector privado de cara al robo de mercadería para lograr un efecto en las políticas públicas, la Mesa (con su portal, pirateriadecamiones.com.ar) es al menos amplia. Fue integrada en un primer momento por nombres de peso que sufren el problema como grandes supermercados y tabacaleras, así como aseguradoras y firmas dedicadas a la seguridad de camiones y el monitoreo satelital; el gremio de Camioneros fue invitado en repetidas ocasiones, aunque nunca ofreció una respuesta. Con el tiempo, se convirtió en una confluencia de sectores. El abogado Iezzi afirma: «El modelo de trabajo conjunto entre lo público y lo privado ha logrado resultados muy satisfactorios, invitando a todos quienes deseen sumarse y trabajar en la materia.»

Hoy, a sus mesas redondas asisten funcionarios del Ministerio Público Fiscal, altos comisarios de la Policía Federal, fiscales de Cámara porteños y a cargo de las fiscalías bonaerenses especializadas en piratería. Su última reunión se trató de números. Y los números indican que la piratería del asfalto está cambiando.

La Mesa estima que desde junio de 2014 a junio de este año se cometió un promedio de 120 hechos por mes a nivel nacional, lo que marca una baja con respecto al ejercicio anterior que marcó un promedio de cinco robos de camiones diarios. En esto, Iezzi destaca las «arduas labores actuales de los fiscales especializados y bandas desbaratadas por Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense.» Hay un giro notorio: también a nivel nacional, bajó en un 8 por ciento el robo en camiones y aumentó en un mismo porcentaje en camionetas. ¿Por qué? Robar camionetas es mucho más fácil. Se necesita mucha menos infraestructura delictiva. Iezzi razona: «No se roba nada que no se pueda revender o que ya esté ubicado.» Alimentos y bebidas es el principal rubro, con un 30% de los ataques. Indumentaria, un 22%, seguido de autopartes con un 19%. Varone sintetiza: «Se está trabajando cada vez más rápido. Antes se iba con dos vehículos de apoyo, ahora con uno. Se roba lo primero que se puede.»

Solo en la ciudad de Buenos Aires, donde ocurren el 20,5% de los hechos de piratería de todo el país, de acuerdo a las últimas cifras, el 79% de los robos ocurre en camionetas. Marzo fue un mes atípico: hubo cerca de 50 asaltos, 40 de ellos a camionetas y solo 10 a camiones de gran porte. También en territorio porteño, el 60% de los delitos es cometidos por equipos de solo dos delincuentes, con una cifra similar para el uso de al menos un vehículo de apoyo. Apenas 12% de los asaltos tienen dos vehículos. La zona de expresos y depósitos, como Pompeya y Parque Patricios, sigue siendo la favorita de los ladrones: dado su gran tráfico de camiones y mercadería, concentra un tercio de los robos porteños. Fuentes policiales hablan hasta de golpes al estilo «piraña» que se han incrementado en los últimos meses: la mercadería se roba aprovechando descuidos del personal que la descarga, al paso y en cantidades menores.

La modalidad preferida hoy es el abordaje: incluye casi el 75% de los hechos. El robo directo del camión o la camioneta con la mercadería representa a la amplia mayoría: solo en un 30% de los robos se pasa la mercadería de una camioneta a otra. Sin embargo, la tasa de retorno es exitosa. Un 80% de las unidades robadas son recuperadas en el día. No hay atracos violentos, por otra parte, que desemboquen en la muerte o en graves lesiones de los choferes. Se trabaja especialmente en turno mañana: 57% de los delitos ocurren de 6 a 12 horas. El clima incide: no se roba en días de lluvia. Dada su red de rutas y sus puntos neuralgicos, la provincia de Buenos Aires concentra más del 60% de la piratería a nivel país. Con respecto a 2014, la provincia bajó el delito en un 3%.

Las bandas todavía obedecen a estructuras jerárquicas y definidas, con líderes experimentados. «Estas bandas se reciclan. Hoy, hay de ocho a diez bandas de piratas del asfalto operando. Son empresas: tienen un CEO, y una línea media general. El CEO es el que contacta a los ‘gatilleros’, la mano de obra que levanta el camión. Lo que cambia la cabeza, una persona de conocimientos profesionales que decide qué robar y qué no, alquila depósitos, comercializa la mercadería y cobra», explica una fuente judicial de larga experiencia. El dato que origina el robo está dentro del presupuesto. Según diversos expedientes, puede valer de 20 a 60 mil pesos, de acuerdo a la mercancia y puede provenir de cualquier actor de la cadena logística. «No se sale a robar un camión que valga menos de 250 mil pesos», apunta la misma fuente, que apunta otro factor inquietante que surge con más frecuencia en los expedientes: la complicidad de los choferes en la entrega de información.

Hechos recientes

A veces, se roba lo que se puede. El 21 de julio último, personal la división Robos y Hurtos de la Policía Federal, de patrullaje en la zona de Parque Patricios, detuvo a dos hombres armados con una Smith & Wesson calibre .32 mientras intentaban robar 1500 kilos de tornillos cuando eran descargados de una Ford Transit. Las crónicas recientes de la Policía Bonaerense también hablan de mercadería variada y de robos de mayor envergadura. A fines de abril, una banda de nueve hombres fue detenida en Villa Tesei acusada de robar dos containers cargados de electrodomésticos en el puerto de Buenos Aires; fueron sorprendidos mientras descargaban el botín en un galpón. Se movilizaban en dos camionetas, una de ellas con pedido de secuestro en Uruguay y la otra con patente falsa. Esa misma semana, efectivos de la DDI de Tres de Febrero recuperaron en un galpón de Billinghurst un millón y medio de pesos en artículos pertenecientes a Farmacity: tensiómetros, balanzas y almohadillas masajeadoras, entre otros items. Dos hombres fueron detenidos.

La llamada «banda del J&B» cayó a comienzos de este mes en Villa Madero con medio millón de pesos en bebidas: habían robado horas antes de caer unas 350 botellas de whisky, 250 botellas de vodka, 330 de champagne, casi 200 de licor Bailey’s casi mil de vino. El robo de todo el cargamento se hizo en San Justo con dos vehículos de apoyo: abordaron al chofer, lo amenazaron de muerte y lo liberaron 45 minutos después. La banda, por otra parte, ya estaba buscada por robar un cargamento de alfajores Havanna entre otros hechos. El encargado de desbaratarla fue el fiscal Adrián Arribas de La Matanza, parte de una realidad judicial adaptada: las UFIs de la Procuración Bonaerense dedicadas a la piratería del asfalto.

Esta semana, Arribas investigó un hecho muy curioso la muerte de «Chingolo», de poco menos de 60 años de edad y un cabecilla veterano en el robo de mercadería, con un largo prontuario que incluye condenas. Habría tenido un infarto en plena huída de un robo a una camioneta: la autopsia habló de muerte natural. Sus cómplices lo tiraron a la calle sin chance de un entierro digno. Ya era buscado por Arribas por un importante robo de electrodomésticos. Las escuchas lo apuntaban. Arribas indica: «Uno de los principales problemas que tenemos es el cambio de jurisdicción en los hechos. Por ejemplo, roban en Zárate-Campana, dejan la carga en Capital y descartan el camión en La Matanza. Los contactos con las fiscalías de piratería de la provincia están aceitados.» Y sigue: «Se están robando más camionetas; el camion con acoplado es grande y ostentoso, es más fácil cambiar de jurisdicción. Si no tienen ploteo es más facil identificarla.»

Por el lado del Ministerio Público Fiscal, que aún no tiene fiscalías especializadas en piratería, la fiscal Cristina Caamaño -hoy a cargo de las escuchas judiciales- tiene un lugar en la Mesa Interempresarial. «Yo voy por la Dirección de Gestión Operativa de Casos», dice Caamaño: «También armé mesas de fiscales. Hicimos a las empresas en Capital una planilla para que al momento en que les roben nos informen. Enviamos información, los horarios y días que más se robaban, las calles, sugerencias al gobierno porteño para dónde debería haber cámaras o donde se deberían arreglar baches, ya que el camión frena y ahí lo abordan. Acá se puede investigar desde lo contravencional, viendo dónde hay depósitos, anotarlo, dar aviso a Nación. Estamos trabajando mucho con nuestra fiscalía en Pompeya y Parque Patricios, analizamos los lugares donde más roban. También trabajamos con la Dirección de Análisis Criminal.»

La carne fresca también cotiza. En marzo ultimo, la Policía Bonaerense recuperó en San Francisco Solano un camión Mercedes Benz con 76 medias reses: los asaltantes redujeron al chofer para liberarlo minutos después. Entre lo incautado, se encontró una constante en los hechos de piratería de la última década, orientado a vencer a los sistemas de seguimiento: un inhibidor satelital. Presente en la totalidad de los robos de gran porte, generalmente traídos desde China, fácilmente operable y con un precio de 100 a 400 dólares en el mercado negro, es un dispositivo que anula cualquier emisión satelital desde el camión asaltado, sea de un pedido de ayuda vía un botón de pánico o para bloquear el monitoreo. Puede conectarse hasta al enchufe de energía del encendedor en el tablero de un auto.

Ituran es una empresa dedicada a proveer tecnología de seguridad a dadores de crarga para autos y camiones, dedicada al recupero vehicular, con una tecnología propia de radiofrecuencia que no es inhibible. Colabora con fiscalías mediante señuelos en seguimientos específicos para encontrar mercadería. Gabriel Mysler, su gerente general, razona: «Los ladrones de camiones son más soficistados que los ladrones de autos. Hay poco robo al azar, es al voleo, hay menos acecho. Un televisor de 60 pulgadas 4K suena tentador. Si no donde colocarlo tras el robo, ¿qué hago? Ya esa logística está hecha cuando se va a robar. Hay trabajar en conjunto con la seguridad interna. El inhibidor bloquea el GPS, el contacto de geolocalización, y GPRS/3G si lo tuvieras y el wi-fi; los inhibidores tienen varias antenas que responden a varias frecuencias. Tenemos un montón de técnicas preventivas, pero la seguridad no va a poder nunca solucionar las filtraciones de información que llevan a los robos.»

Los Sherlock Holmes del siglo XXI trabajan en el ciberespacio

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Una alta ejecutiva es obligada a depositar 50.000 euros para evitar que se publique su incursión en un sitio de citas sexuales. Al mismo tiempo, un concurso totalmente amañado premia a un hijo de un CEO con un celular último modelo; cuando el chico llegue a su casa, impregnará con un virus los dispositivos móviles de su padre. Ambos son modus operandi del ciberdelito del siglo XXI, pergeñado por malhechores que tienen como aliada a Internet.

Este flagelo, que produce 300.000 ataques por día, está en cuarto lugar de preocupación entre las empresas, algo que las lleva a invertir entre US$ 1 y 10 millones por año en prevención, según cuenta Sergi Gil, responsable de CyberSOC Academy Deloitte.

Gil, que vino a la Argentina de la mano de la Universidad Siglo 21 para entregar una beca y dar una charla sobre ciberseguridad, precisa que el 90% de lo que desembolsan las compañías se destina a máquinas y el resto, a formación de la gente para que esté preparada ante un posible ciberataque.

El hombre cuenta que las acciones de una empresa perdieron 15% en un día, luego de que los accionistas se enteraron de que sus redes habían sido infectadas y violadas por crackers (así se denomina a estos delincuentes, para diferenciarlos de los hackers). ¿Y quién es la persona más atacada? «La secretaria del alto directivo», acota. «Porque es ella la que tiene la agenda completa, guarda todos los números de cuentas bancarias de su jefe y hasta sabe si tiene una amante», explica este barcelonés, fanático de Barcelona y con butaca en el Nou Camp.

Lo peor de este panorama no son las cifras, sino el hecho de que «los buenos» están siempre por detrás de «los malos». Para Gil, una empresa debe saber anticiparse a los ataques, mediante inteligencia; luego se tiene que dar cuenta de que es atacada, y, por último, debe saber reaccionar al ataque. «No sólo a nivel técnico, sino a nivel de comunicación y jurídico», agrega.

Otra mala noticia. «No hay en las empresas recursos formados para anticipar los ataques», dice Gil. Es en ese contexto en el que llegó a la Argentina para incentivar a los alumnos de la Universidad Siglo 21 a tomar la certificación internacional (curso específico), creada entre Deloitte y Red Ilumno. Sólo en la Unión Europea hay una oferta de empleo para 700.000 personas, que no llega a cubrirse.

Sergi dice que el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico, el contrabando de armas y la prostitución; por eso las mafias no se quieren quedar atrás y lo que hacen es contratar a gente que se dedique exclusivamente a hacer ataques. «Antes lo que hacían era tirar el virus en Internet y esperar la pesca de algún incauto. Pero hoy eso ha cambiado, y el 95% de los ataques es dirigido, es decir, que se ataca a una persona o una empresa con un objetivo muy concreto.»

Entre los fines específicos está robar mapas, patentes o fórmulas, espiar los mails, las fotos y las claves de la computadora, entre otros. «Esa gente se dedica sólo a eso y, si no lo consigue, harán ingeniería social para lograrlo», destaca Gil.

Hay ciertos rubros en los que es imposible estimar el daño que les puede provocar un ataque de éstos. Porque, por ejemplo, ¿cómo calcular la pérdida de confianza que produce en un cliente de un banco saber que los delincuentes tienen los códigos de todas sus tarjetas? No por nada las que más invierten en ciberseguridad son las entidades financieras.

¿Algún recaudo personal? Los ejecutivos, según Gil, tienen que hacer contraseñas largas y cambiarlas cada seis meses. El ingenio de los «malos» no tiene límite: «Un grupo montó una empresa de eventos, hizo varios y llegó a un acuerdo con un colegio, con premios y preguntas. Uno de los regalos era un celular, cuyo ganador ya estaba marcado y no era otro que el hijo de un alto ejecutivo. El chico llegó a su casa, se conectó a Wi-Fi al mismo tiempo que su padre y así habilitó a los delincuentes toda su información privada y de la firma».

El 66% de los ciberataques es por culpa o negligencia de empleados. Ese porcentaje se podría resolver en un 80% con formación. Los maleantes van tanto a empresas grandes como a pymes. En las primeras tienen grandes recompensas, pero en las últimas les es mucho más fácil acceder.

De las pymes no sólo tienen su información, sino la de sus clientes. En cuanto a geografía, Gil deja en claro que América latina está igual de «infectada» con estos delitos que Europa, África y Asia. «Quien está un poco mejor es Estados Unidos, porque allí son más conscientes e invierten antes», cuenta.

Las industrias más atacadas en la actualidad son las de manufactura, debido a la información que manejan (Apple, Google, las automotrices y las farmacéuticas, están entre ellas) y las de venta electrónica. El costo de una auditoría o consultoría sobre este tema va desde US$ 3000 hasta 100.000 por servicio.

A nivel jurídico, hay muchas lagunas y, por lo general, la ley corre por detrás de los ciberdelitos. Además, hay una especie de «paraísos para el ciberdelito», como por ejemplo Rusia y Rumania. Los delincuentes lo saben, entonces, aunque vivan en otros, lanzan los ataques desde esos lugares para que no se los pueda penar.

Será por todo esto, tal vez, que ya se habla acerca de que Internet es el quinto escenario de guerra en el mundo, luego de la tierra, el agua, el aire y el espacio.